¿Cuál debería ser el objetivo de un programa antipobreza? La interrogante es oportuna a la hora de analizar la nueva iniciativa de la administración Solís en la materia.
Empecemos con algunos datos descorazonadores. En el 2014 la pobreza afectó al 22,4% de las familias costarricenses, un porcentaje muy similar al de 1993.
Y no es que el Estado esté de manos cruzadas. En el 2013 gastó la friolera de casi ¢500.000 millones en unos 45 programas antipobreza administrados por 24 instituciones estatales. Según la CEPAL, el gasto social de Costa Rica se encuentra entre los más altos de América Latina como porcentaje del PIB. Pero, a diferencia del resto de la región donde la tendencia de la pobreza es a la baja, en nuestro país se encuentra estancada.
El desorden es la regla en esta telaraña burocrática. El Estado no tiene idea exacta de quiénes reciben ayuda. El programa Estado de la Nación denunció hace años que las asistencias sociales no le llegaban a más de la mitad de los pobres. De igual forma, muchos “vivillos” de clase media reciben beneficios que no les corresponden. Reconociendo esta realidad, el programa “Puente al Desarrollo” de la administración Solís aspira a ponerle coto al caos mediante la implementación de un registro único de beneficiarios.
Sin embargo, en lugar de acabar con programas duplicados o simplificar lo que el Ministro de Desarrollo Humano reconoce como un “archipiélago institucional”, el gobierno más bien propone contratar 160 cogestores (más burocracia) para que, en palabras del blog La Suiza Centroamericana, sirvan de “gavilanes” mediando entre las familias pobres y las dos docenas de instituciones estatales encargadas de velar por ellas.
La nueva iniciativa pretende comprometer a los beneficiarios a que participen en planes educativos o capacitaciones laborales de tal forma que mejoren su empleabilidad y no dependan de la ayuda estatal ad perpetuam. Pero no hay ningún indicio que este programa vaya a evitar el incentivo que aflige a los otros: mantener a sus “clientes” en vez de perderlos –lo cual implicaría que los cogestores eventualmente se queden sin chamba.
El objetivo de un verdadero programa antipobreza debería ser tener cada vez menos beneficiarios. Sin embargo, la lógica clientelista que ha predominado hasta ahora consiste en presentar como un logro que cada año más gente reciba ayuda estatal. Las intenciones del nuevo programa son buenas. Los incentivos siguen siendo incorrectos.
Publicado en La Nación el 6 de abril del 2015.
