El plan de Tarifas Eléctricas Solidarias desató controversia entre quienes lo ven como una justa política redistributiva y aquellos que percibimos populismo puro y duro.
Es fácil determinar la naturaleza populista del plan. Primero, está su diseño: este beneficiará a los hogares incluidos en el programa Puente al Desarrollo. El gobierno vendió este programa como una intervención temporal de dos años, tras los cuales las familias se “gradúan” y dejan de recibir la ayuda estatal. El propósito es evitar la dependencia y el clientelismo que suelen acompañar a las políticas asistencialistas. No obstante, el plan de tarifas “solidarias” rompe con este enfoque, ya que se anuncia como un subsidio ilimitado e incondicional a las familias que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Luego está el momento. El gobierno dice que ha venido trabajando por más de un año en el plan. Sin embargo, el anuncio tomó por sorpresa a las empresas distribuidoras de electricidad y a la Aresep, que son actores indispensables en su ejecución. Ni siquiera hay un cálculo de cuánto les costará el subsidio a los usuarios residenciales. Esto revela una medida improvisada, sin sustento técnico y que curiosamente se anuncia al inicio de una campaña política.
Pero lo más inaceptable es el aire de superioridad moral con que los defensores del plan han cuestionado a quienes nos oponemos a este. Al final de cuentas, no hay nada más fácil que ser solidario con el dinero de los otros –y más en un año electoral–. Además, no debemos olvidar que el gobierno que ahora pretende cubrirse con un falso halo de solidaridad es el mismo que ha impulsado políticas cuyo impacto negativo sobre los más pobres está ampliamente documentado.
Fue este gobierno el que aumentó el arancel al arroz –el 48% del consumo nacional lo realizan los hogares pobres o en riesgo de caer en la pobreza– a pesar de que varios estudios muestran que los principales beneficiados son un puñado de poderosos industriales. Fue este gobierno el que hizo del aguacate un artículo de lujo en la mesa de los costarricenses. Y fue este gobierno el que ha obstaculizado la importación de azúcar barato para favorecer al oligopolio de Laica.
Quienes defienden al gobierno y han callado en su momento sobre estas y otras políticas similares no tienen autoridad moral para venir ahora a darnos cátedra sobre lo que significa ser solidario.
Publicado en La Nación el 7 de agosto del 2017.
