El presidente Solís quiere introducir la “distribución de la riqueza” en el ya de por sí áspero debate de la reforma fiscal. Cree que con eso logrará azuzar las poco virtuosas emociones que siempre acompañan al deseo de poner al Estado a jugar de Robin Hood.
Pero repasemos primero el expediente de Luis Guillermo Solís en materia de distribución de la riqueza. Fue su gobierno el que aumentó el arancel al arroz para que un puñado de industriales millonarios siga haciendo clavos de oro al encarecer el producto más básico en la dieta de las familias pobres. Fue el presidente el que se reunió con los grandes empresarios de Laica para acordar cómo entorpecer la importación de azúcar barato y así continuar garantizándoles jugosas ganancias a costa de los consumidores. Y fue esta administración la que disparó el monto de las transferencias a las universidades estatales para permitirles seguir inflando salarios de lujo –vía insostenibles anualidades– para una clase académica privilegiada, a la pertenecen el presidente y gran parte de su gabinete.
Don Luis Guillermo enarbola la bandera de la “solidaridad social”, pero con estos antecedentes más bien nos resulta un Hood Robin. Aun así, no sorprende que el presidente, viniendo de una tradición de izquierdas, quiera apelar a ese discurso con el fin de hacerle creer a la opinión pública que el grueso de los impuestos que pretende recaerá sobre las malvadas clases pudientes.
La realidad es otra. Según cifras del Ministerio de Hacienda, el 67% de los ingresos que el gobierno aspira generar por impuestos provendrían de tributos que afectan directamente a la clase media: reinstauración del impuesto a las sociedades anónimas, creación del impuesto al valor agregado y duplicación del gravamen al traspaso de propiedades y vehículos.
No olvidemos que casi tres cuartas partes del gasto del Gobierno Central se van en remuneraciones y “transferencias” (estas se destinan mayormente al pago de salarios en otras instituciones estatales). Y un reportaje de El Financiero del año pasado señaló que “la amplia y creciente brecha entre los salarios públicos y privados es el segundo factor que más incide en los indicadores de desigualdad”.
Como vemos, la “distribución de la riqueza” que plantea el presidente consiste en quitarle dinero a una clase media productiva para dárselo a una clase media alta escudada bajo el alero del empleo público. Una razón más para rechazar sus impuestos.
Publicado en La Nación el 18 de enero del 2016.
