Aun quienes predijimos una propuesta sesgada a favor de más impuestos no contemplábamos un ajuste tan desequilibrado como el que planteó el gobierno. Las cifras de Hacienda lo confirman: el 80% de la consolidación fiscal para los primeros dos años sería producto del aumento de tributos y un 20% vendría de medidas sobre el gasto. El plan de la administración Alvarado está marcado por altos niveles de cinismo, delirio y analfabetismo económico.
Cinismo porque el gobierno insiste en que se trata de una propuesta “integral, creíble y estructural”. Sin embargo, no es integral ya que el grueso del ajuste proviene del aumento de impuestos, aun cuando es ampliamente reconocido que la crisis fiscal surge del crecimiento excesivo del gasto público.
No es creíble porque las pocas medidas referentes al gasto –como la ley de empleo público– son refritos que nos vienen prometiendo desde hace dos años o son obligaciones ya existentes, como aplicar la regla fiscal. Y no es estructural porque consiste mayormente en medidas temporales y en las cuales brillan por su ausencia reformas como la reestructuración de la deuda, el cierre o fusión de instituciones, o la venta de activos valiosos. Cajita blanca con un lazo de la bandera argentina para quienes creían que un acuerdo con el FMI implicaba hacer la reforma del Estado que hemos pospuesto por tantos años.
Delirio porque la administración Alvarado dice que recaudará un 5% del PIB en nuevos impuestos en el 2021, a pesar de que ningún paquete tributario previo logró generar más del 1,5% del PIB en ingresos frescos en un año. Lo que ocurrirá es que los nuevos tributos deprimirán la actividad económica, especialmente cuando recaen sobre un sector productivo que ha sido diezmado por la pandemia. El gobierno tendrá suerte si obtiene una cuarta parte de lo proyectado.
Lo que nos lleva al analfabetismo económico. Zapote cree que puede introducir nuevos tributos y aumentar tasas sin que eso altere el comportamiento de los agentes económicos. Pero el impuesto a las transacciones bancarias incentivará el uso de efectivo y la informalidad (lo que afectará la recaudación del IVA) y subir la renta de las empresas al 36 % –la más alta de la OCDE– secará la inversión.
Con esta propuesta, la administración Alvarado terminará de rematar la economía costarricense.
Publicado en La Nación el 21 de septiembre del 2020.
