ANTECEDENTES
La energía es pilar fundamental del desarrollo del país: de ella depende la calidad de la educación, la salud, la competitividad y el empleo. En los últimos años se han presentado alertas de desabastecimiento, precios elevados, bloqueos institucionales a las energías renovables y ataques a incentivos de eficiencia energética en la industria. Sin decisiones de fondo, la industria pierde competitividad.
El mundo enfrenta un cambio radical en materia energética. La convergencia de vehículos eléctricos, sistemas fotovoltaicos, tecnologías avanzadas de almacenamiento en baterías y redes eléctricas inteligentes está transformando profundamente la forma en que se produce, distribuye y consume la energía. Las principales barreras para la adopción de vehículos eléctricos están desapareciendo: los precios bajan, los rangos aumentan, los tiempos de carga disminuyen y la tecnología de conducción autónoma avanza aceleradamente. La energía solar fotovoltaica, por su simplicidad, predictibilidad, ubicuidad y costos decrecientes, se proyecta como la fuente dominante de nueva generación eléctrica en la próxima década. Las nuevas tecnologías de baterías compensan la intermitencia de las renovables, mientras que las redes eléctricas inteligentes permitirán la participación de múltiples actores –desde grandes empresas hasta pequeños hogares– en un mercado descentralizado donde vehículos eléctricos y sistemas fotovoltaicos con almacenamiento servirán como estabilizadores del sistema mediante tecnología vehículo-a-red (V2G) y Plantas Virtuales de Generación (VPP).
Si hay un país listo para abrazar estas tecnologías de producción de energía sostenible y movilidad eléctrica, es Costa Rica. Las inversiones en sistemas hidroeléctricos, eólicos y geotérmicos ya se realizaron. Las tecnologías fotovoltaicas y de almacenamiento ya están disponibles. Los vehículos eléctricos son tendencia y el país ha promovido una política de desarrollo sostenible reconocida mundialmente. Sin embargo, es necesario desafiar el paradigma existente del monopolio de una gran empresa de servicios públicos transformándola en facilitador del cambio hacia un sistema eléctrico inteligente y descentralizado.
El sistema eléctrico nacional enfrenta desafíos estructurales que comprometen su sostenibilidad. La alta dependencia hídrica, los veranos secos y la necesidad de ampliar transmisión y distribución obligan a movilizar inversión que el sector público no puede cubrir por sí solo. La situación financiera del ICE presenta deterioro que amenaza la continuidad del servicio, la protección de la inversión pública y genera riesgo sistémico sobre tarifas y calidad. La ausencia de una tarifa técnica al costo con ajustes automáticos y la liquidación no transparente del costo variable de generación han generado diferimientos de costos que comprometen la liquidez del sistema eléctrico.
El marco regulatorio vigente presenta limitaciones importantes. La implementación actual de la generación distribuida ha frenado la adopción de recursos energéticos distribuidos. La Ley 7.200 establece un tope rígido de 15% de participación privada que no considera las ventajas del almacenamiento con baterías (BESS) ni permite límites dinámicos sustentados en estudios técnicos. La tarifa TMT-b, que premia a empresas con gestión energética certificada bajo ISO 50001, carece de respaldo legal uniforme que evite discrecionalidad y asimetrías entre distribuidoras.
El sector de combustibles fósiles enfrenta también desafíos importantes. RECOPE requiere modernización y eficiencia operativa para cumplir su rol en la transición energética. La dependencia del país de derivados del petróleo para transporte y usos industriales demanda diversificación mediante la introducción de gas natural como combustible de transición más limpio que los derivados del petróleo. La infraestructura actual no contempla la recepción y distribución de gas natural licuado (GNL), a pesar de la oportunidad estratégica que representa la posible conexión con el gasoducto del Canal de Panamá mediante rutas de barcos más pequeños.
El Estado debe promover energía de calidad, renovable, segura y a bajo costo, mediante un mercado eléctrico competitivo, estrategias horarias de precio que desplacen el consumo a periodos de bajo costo y una política seria de inserción de energías renovables –desde grandes proyectos hasta la generación distribuida en los hogares–. Se requiere un enfoque de política pública que restablezca la confiabilidad del sistema, proteja al usuario final con señales tarifarias predecibles y estimule la inversión con reglas claras, de modo que el crecimiento económico, la descarbonización y la seguridad energética avancen en forma simultánea y se refuercen mutuamente. Costa Rica no debe dejar que el cataclismo de la industria de combustibles fósiles la arrastre; debe, en cambio, liderar la transformación hacia un sistema energético del siglo XXI.
OBJETIVO GENERAL
Garantizar un suministro energético confiable, de calidad, a bajo costo y con bajas emisiones mediante un mercado eléctrico abierto y competitivo que incentive la eficiencia energética, la penetración de renovables y la inversión público-privada, al tiempo que se moderniza el sector de combustibles fósiles para facilitar una transición energética ordenada hacia fuentes más limpias.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
- Apertura del mercado eléctrico para atraer inversión y asegurar el suministro al menor costo posible.
- Destrabar y relanzar la generación distribuida, reincorporando el neteo simple y habilitando servicios auxiliares.
- Elevar la participación privada en el mercado eléctrico cuando haya un Sistema de Almacenamiento en Baterías (BESS) y límites técnicos dinámicos definidos por el ICE.
- Consolidar la tarifa TMT-b como incentivo tarifario permanente vinculado a certificación ISO 50001 para industrias eficientes.
- Desarrollar infraestructura eléctrica estratégica para clústeres de semiconductores y centros de datos, coordinando con ICE, PROCOMER, MINAE y gobiernos locales.
- Intervenir al ICE para sanear sus finanzas y evitar un colapso operativo, restableciendo una tarifa técnica y un esquema de ajustes predecibles que no difieran costos ni comprometan la liquidez del sistema eléctrico.
- Modernizar RECOPE y desarrollar infraestructura para combustibles de transición asegurando su eficiencia operativa y facilitando la introducción de gas natural mediante una terminal de recepción y distribución de GNL.
PROYECTOS
APOYO AL PROYECTO DE LEY DE ARMONIZACIÓN:
Impulsar la aprobación del expediente 23.414 que abre el mercado a la participación privada eficiente y ordenada, uniforma reglas para incentivos como la TMT-b, viabiliza el neteo simple y los servicios auxiliares, y facilita la integración de BESS con límites dinámicos. Incluir mecanismos de contratación competitiva, acceso abierto y no discriminatorio a las redes, y esquemas de transparencia que permitan a los usuarios conocer la composición de costos y las razones técnicas de los ajustes tarifarios. Fortalecer la rectoría del Ministerio competente y la coordinación con el regulador para alinear planificación, operación y regulación. Promover estándares de calidad y continuidad, metas de reducción de pérdidas y adopción de tecnologías digitales para control y supervisión.
REFORMA A LA LEY 7.447 PARA CONSOLIDAR LA TARIFA TMT-B VINCULADA A ISO 50001:
Incorporar la TMT-b en la ley con requisitos claros (abonados en media tensión con ISO 50001 acreditada por ECA), un plazo máximo de 30 días hábiles para resolver solicitudes con aprobación tácita, salvo justificación técnica, y una regla económica que asegure un costo inferior al de otras tarifas empresariales. Establecer lineamientos de medición, reporte y verificación que permitan a las empresas demostrar ahorros de energía de manera trazable, junto con un registro público de beneficiarios que incremente la transparencia y la rendición de cuentas. Articular con programas de capacitación en gestión energética para fomentar que más industrias adopten ISO 50001, integren sistemas de monitoreo continuo y reinviertan los ahorros en modernización tecnológica.
REFORMA A LA LEY 10.086 PARA PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA:
Reincorporar el neteo simple (medición neta), permitir cubrir hasta el 100% del consumo pagando únicamente la tarifa de acceso y facultar la compra de excedentes por parte de la distribuidora con reglas transparentes. Habilitar un esquema de servicios auxiliares –flexibilidad, control de voltaje, respuesta a la demanda– con pagos definidos por estudio técnico y localización óptima. Promover instrumentos de financiamiento que faciliten la instalación de sistemas fotovoltaicos con almacenamiento y la adopción de tecnologías de gestión de energía. Coordinar entre distribuidoras, regulador y promotores para estandarizar interconexiones, agilizar permisos y acoplarse a la Ventanilla Única de Inversión para reducir tiempos y costos de transacción.
INCREMENTO DE GENERACIÓN PRIVADA CON ALMACENAMIENTO Y LÍMITES DINÁMICOS:
Solicitarle al ICE definir anualmente porcentajes, ubicaciones y capacidades óptimas considerando BESS, y reemplazar el límite fijo del 15% por señales técnicas que optimicen confiabilidad y costo. Incorporar metodología de planificación con análisis de escenarios hidrológicos y de demanda, criterios de resiliencia ante eventos extremos y estándares de interoperabilidad para que los BESS presten múltiples servicios –desde regulación de frecuencia hasta diferimiento de picos– maximizando su valor para el sistema. Establecer participación privada sujeta a reglas claras y concursos transparentes que atraigan innovación tecnológica y contratos de largo plazo.
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA CLÚSTERES DE SEMICONDUCTORES Y CENTROS DE DATOS:
Expandir y reforzar la transmisión cerca de líneas de alta tensión y de zonas con potencial renovable, con ubicaciones definidas por análisis técnico y coordinación entre ICE, PROCOMER, MINAE y gobiernos locales. Priorizar corredores eléctricos estratégicos, subestaciones con redundancia, capacidades de respaldo mediante almacenamiento y protocolos de calidad de energía compatibles con las exigencias de procesos sensibles. Integrar requerimientos de agua industrial, ordenamiento territorial y logística. Facilitar contratos de potencia y energía competitivos mediante la armonización del sistema.
SANEAMIENTO FINANCIERO Y OPERATIVO DEL ICE:
Restablecer la solvencia y sostenibilidad del ICE mediante: (a) tarifa técnica al costo con ajustes automáticos trimestrales y liquidación transparente del costo variable de generación; (b) plan de caja a 24-36 meses con priorización del gasto, control de OPEX, refinanciaciones y desinversión de activos no estratégicos; (c) auditoría integral independiente de finanzas y contratos de compra de energía; y (d) gestión de riesgo hidrológico basada en contratos firmes de respaldo, almacenamiento con baterías y despacho económico que minimice el uso de térmica. Instalar una mesa técnica ICE-ARESEP-MINAE para armonizar metodologías y evitar señales contradictorias.
MODERNIZACIÓN OPERATIVA DE RECOPE:
Implementar un programa integral de modernización de RECOPE para asegurar su eficiencia operativa, transparencia financiera y capacidad de facilitar la transición energética del país. Actualizar infraestructura, optimizar procesos logísticos y mejorar la gestión para reducir costos operativos y garantizar suministro confiable de combustibles durante la transición hacia energías limpias.
TERMINAL DE RECEPCIÓN DE GAS NATURAL LICUADO (GNL):
Desarrollar una terminal para recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, previendo la posible conexión futura con el gasoducto del Canal de Panamá mediante rutas de barcos más pequeños. Esta infraestructura permitirá la introducción de gas natural como combustible de transición más limpio que los derivados del petróleo para generación eléctrica de respaldo, usos industriales y transporte pesado, reduciendo emisiones mientras se avanza hacia la descarbonización completa. El proyecto se estructurará mediante alianza público-privada que garantice viabilidad técnica, financiera y ambiental.