Para que la estrategia de convertir a Costa Rica en una zona franca de las Américas tenga un impacto profundo en la generación de empleo, hay que adaptar el sistema educativo con el fin de que las personas adquieran las capacidades necesarias para una economía altamente competitiva y globalizada. Pero será difícil materializar dicho cambio sin conectividad en todo el país.
La pandemia exacerbó las disparidades educativas al exponer la magnitud de la inequidad en el acceso a recursos digitales entre instituciones públicas y privadas. La noticia de que más de 500.000 estudiantes reciben lecciones mediante fotocopias y mensajes por WhatsApp es chocante, más aún cuando hay ¢198.000 millones consignados en Fonatel para cerrar la brecha digital. No solo debe rechazarse la intención del gobierno de usar parte de esos recursos para amortizar la deuda, sino que hay que diseñar un plan definitivo para invertirlos mediante alianzas público-privadas.
Desarrollar la infraestructura digital implica empoderar a la población, ya que niños, jóvenes y adultos tendrían acceso a un acervo de conocimiento sin depender de un instructor formal. “Si las personas tienen los recursos digitales necesarios, podrán desarrollar muchísimas habilidades por cuenta propia”, indica Sol Echeverría, experta en capital humano.
La conectividad es un requisito indispensable para potenciar la innovación. Aquí también precisa fortalecer el marco de protección de la propiedad intelectual, en el cual ha habido notables avances en la última década en cuanto a legislación, pero el país sigue mostrando deficiencias en la ejecución y el cumplimiento de las normas, como lo refleja la posición 25 de 53 países en el índice internacional de propiedad intelectual de la Cámara de Comercio de EE.UU.
Otra iniciativa para incentivar la innovación consiste en que el Micitt elabore un censo de los costarricenses que trabajan en el extranjero en carreras STEM. El objetivo sería buscar mecanismos para que esa diáspora transfiera conocimientos y traer inversión y cooperación al país. Los beneficios se harían sentir en muchas áreas, pero una a la que las autoridades deben prestar particular atención, por su impacto en el desarrollo de las zonas rurales, es la agricultura.
Publicado en La Nación el 20 de julio del 2020.
