Costa Rica debe aprovechar la reconfiguración en las cadenas de producción internacionales para convertirse en una zona franca en las Américas, de bajos impuestos corporativos y regulaciones que estimulen la inversión nacional y extranjera.
Así como la crisis de 1980-82 sirvió para que el país abandonara el modelo de sustitución de importaciones, debemos ver este trance como un punto de inflexión para redoblar la apuesta por una economía dinámica y competitiva que beneficie a los costarricenses. No hay que inventar el agua tibia. Este es el camino que recorrió Irlanda hace 30 años –tras una fuerte crisis– y la llevó a convertirse en uno de los países más prósperos de Europa en una generación.
De la experiencia del Tigre Celta se derivan muchas lecciones. Quizás la más importante es que no hay una pomada canaria: el éxito de un modelo no radica en una sola política o factor. Es necesario implementar un programa integral y coherente de reformas estructurales en múltiples frentes.
Un pilar fundamental del éxito irlandés fue su estrategia de atracción de inversión extranjera a través del recorte gradual del impuesto sobre la renta corporativo. En 1987, cuando Dublín lanzó su agenda reformista, dicho gravamen era del 50%. Poco a poco sufrió recortes hasta llegar al 36% en 1998, año en el que se anunciaron rebajas más grandes con el fin de fijarlo en el 12,5% en el 2003, donde ha permanecido desde entonces.
Diversos estudios muestran una fuerte relación entre los recortes en la tasa del impuesto sobre la renta corporativo y el crecimiento vertiginoso de la inversión extranjera en Irlanda. No sorprende entonces que los ingresos por dicho gravamen aumentaran significativamente como porcentaje del PIB y como proporción de la recaudación tributaria total. Es decir, Irlanda no solo transformó su economía y alcanzó niveles sin precedentes de riqueza, sino que en el proceso su gobierno terminó recaudando más dinero de las corporaciones.
Costa Rica debe proponerse seguir el ejemplo irlandés y fijar un cronograma de recortes del impuesto sobre renta corporativo del 30% actual a una tasa única del 15% en el 2030. Esto debe complementarse con reformas que impacten la calidad de la mano de obra.
Publicado en La Nación el 6 de julio del 2020.
