Si hay una regla de oro que se impone durante esta coyuntura, es que no debe aprovecharse la crisis para impulsar cambios permanentes en la legislación. Así, lo resume el FMI: “La emergencia justifica una mayor intervención del sector público mientras persistan las circunstancias excepcionales, pero dicha intervención deberá realizarse de forma transparente y con cláusulas de caducidad automática claras”.
Los diputados y el Poder Ejecutivo venían respetando la regla. Sin embargo, la ley para la entrega del fondo de capitalización laboral a los trabajadores afectados por la crisis incluye un cambio estructural mayúsculo a la ley orgánica del BCCR: autoriza a ese ente para comprar bonos del Gobierno en el mercado secundario. La intención era garantizar liquidez a las operadoras de pensiones si se produjeran retiros masivos del FCL, aunque ahora las OPC dicen que era innecesario. Pero, en lugar de estipular la temporalidad de la autorización, los diputados dejaron abierto un portillo ad perpetuam.
La mesa está servida para que el BCCR financie indirectamente al Gobierno Central. Para ello, necesitará triangular la compra de bonos con otros entes públicos, llámense bancos estatales, INS o la CCSS. Es muy factible dada la ominosa situación fiscal en que quedarán las finanzas estatales. Moody’s proyecta un déficit del 8,1% del PIB para este año, aunque es posible que se quede corto.
El financiamiento externo es poco viable, dado que Costa Rica tendrá que competir por recursos con muchos otros países que también estarán viéndola a palitos. Y no olvidemos que nuestra calificación de riesgo es similar a la de Bolivia y Honduras. Es inminente que las tasas de interés se disparen, por lo que la tentación de aliviar la presión mediante la intervención del BCCR será enorme.
Argumentar que bancos centrales como la Fed, el BCE y el BoE están haciendo lo mismo –no sin polémica– pasa por alto la credibilidad institucional que gozan esas entidades y la demanda de sus monedas como divisas de refugio. Lo mismo no puede decirse del BCCR y el colón. Más allá del debate de fondo, no se vale que un ajuste estructural de esta magnitud se haya colado en una ley de emergencia dispensada de trámites y sin que mediara debate alguno.
Publicado en La Nación el 13 de abril del 2020.
