Quizá la política más cuestionable de la administración Solís Rivera, por su naturaleza altamente regresiva, ha sido el aumento del arancel al arroz, del 35% a casi el 60%. La decisión se hizo a contrapelo de cuatro estudios técnicos que documentan los serios perjuicios que el proteccionismo arrocero tiene sobre los sectores más vulnerables de la población.
Los números no mienten: casi la mitad del consumo nacional de arroz lo realizan los hogares pobres o en riesgo de caer en la pobreza, de forma tal que toda medida que encarezca el grano afecta desproporcionadamente a la gente de menos recursos. Esta protección, según cálculos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR, generó una transferencia de recursos de consumidores a productores e industriales por $251 millones en el periodo 2009-2013. Cerca del 90% del subsidio se lo llevan seis grandes empresas. Vaya redistribución de la riqueza en nombre de la solidaridad social.
Para defender lo indefendible, Conarroz –el cartel de los arroceros– contrató un estudio a la Escuela de Economía de la UNA cuyas recomendaciones (¡vaya sorpresa!) llaman a continuar el proteccionismo. El informe contiene datos cuestionables que están siendo utilizados para respaldar la decisión del Gobierno.
Afirma, por ejemplo, que el sector emplea a 65.000 personas, dato que le atribuye al MAG sin especificar la fuente. La cifra genera suspicacias puesto que el cultivo de arroz en el país está altamente mecanizado y la mano de obra representa menos del 4% de los costos de producción, según el mismo documento de la UNA. Curiosamente, Conarroz publicó hace poco una nota en su página en Internet que indica que la siembra arrocera en Argentina, en un área 3,6 veces superior a la de Costa Rica, genera allá solo 10.000 empleos (entre directos e indirectos). Los números no cuadran.
El informe también señala que la fijación ha estabilizado el precio del arroz, en comparación con otros artículos de la canasta básica. Lo que no dice es que, si bien es estable, el precio del arroz es al menos 35% más alto –por efecto del arancel– de lo que sería si hubiera libre comercio. Los consumidores preferirían mayor volatilidad en el precio si esto resulta en un producto significativamente más barato.
Es lamentable que la Escuela de Economía de la UNA preste su nombre para defender los intereses de un cartel que pretende seguir vampirizando a los consumidores nacionales.
Publicado en La Nación el 18 de mayo del 2015.
