ANTECEDENTES
El Partido Unidad Social Cristiana aspira a construir una sociedad inclusiva y equitativa, donde cada persona sin importar su origen, identidad, orientación sexual, condición migratoria o cualquier otra circunstancia pueda vivir en un entorno de respeto, justicia y oportunidades iguales, con el pleno acceso a sus derechos fundamentales. La visión de este compromiso es asegurar que Costa Rica continúe siendo referente como un país respetuoso de los derechos humanos, garantizando la dignidad, igualdad y la no discriminación para todas las personas, independientemente de su situación personal o colectiva.
El país enfrenta desafíos importantes en la protección efectiva de poblaciones vulnerables. Las mujeres víctimas de violencia de género enfrentan barreras para acceder a servicios de atención integral y la respuesta del sistema judicial a casos de violencia es lenta, generando impunidad. Las medidas de protección, como órdenes de restricción, carecen de sistemas efectivos de monitoreo y seguimiento en tiempo real. La niñez y adolescencia requieren mayor protección de su integridad física y moral, y persiste el trabajo infantil que debe ser erradicado mediante sistemas de monitoreo y atención efectivos.
La comunidad LGBTIQ+ enfrenta limitado acceso a atención en salud mental, violencia de género específica, y barreras para acceder a la justicia y protección legal efectiva. El acceso a la justicia para poblaciones vulnerables presenta deficiencias estructurales: la mora judicial afecta desproporcionadamente a quienes carecen de recursos, las comunidades rurales y personas con discapacidad enfrentan barreras físicas y procedimentales para acceder al sistema judicial, y la falta de especialización en despachos judiciales limita la atención efectiva de casos que requieren enfoques diferenciados.
La consecución de una sociedad más justa e inclusiva será mediante el trabajo y coordinación interinstitucional con las instituciones clave del gobierno y sociedad civil para el diseño de políticas públicas basadas en la igualdad, inclusión y el respeto a los derechos fundamentales, fortaleciendo así el bienestar y la cohesión social en el marco de los tratados, convenios y protocolos internacionales en materia de derechos humanos. Se coordinarán y articularán esfuerzos entre el sector público, privado y la sociedad civil, implementando programas y estrategias innovadoras que garanticen un desarrollo humano sostenible, una justicia eficiente y respeto por la diversidad social y cultural del país.
OBJETIVO GENERAL
Proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en el territorio nacional, especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, las mujeres, niños, niñas y adolescentes, las personas migrantes y refugiadas, las personas LGBTIQ+, personas con discapacidad y personas adultas mayores, mediante políticas públicas efectivas, acceso equitativo a la justicia y servicios integrales que aseguren su dignidad, igualdad y no discriminación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Garantizar el derecho y acceso efectivo a la justicia para todas las personas, con énfasis en poblaciones vulnerables, mediante la optimización de la gestión de casos judiciales, la reducción de la mora y la mejora de la accesibilidad al sistema judicial.
- Proteger integralmente los derechos de las mujeres mediante el mejoramiento del acceso a servicios de atención para víctimas de violencia de género, el fortalecimiento de la capacidad del sistema judicial para procesar casos de manera rápida y efectiva, y la garantía de protección efectiva mediante medidas de seguridad y seguimiento en tiempo real.
- Garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia mediante programas de protección que aseguren el respeto a su integridad física y moral desde la concepción, y sistemas efectivos para la erradicación del trabajo infantil.
- Proteger y dignificar a la población adulta mayor mediante el fortalecimiento del acceso a servicios de cuido y atención integral, la promoción de su inclusión activa y productiva, la educación sobre sus derechos, el mejoramiento del acceso a servicios de salud especializados y la garantía de su integración en el mercado laboral.
- Garantizar los derechos de la población indígena mediante la mejora de infraestructura y conectividad, el fortalecimiento de la protección legal, la promoción del acceso a la justicia que respete sus normas y tradiciones, y la integración económica y social sin pérdida de identidad cultural.
- Proteger los derechos de la población migrante y refugiada mediante la garantía de protección contra explotación y maltrato, el fomento de la integración social y económica, y el mejoramiento de la calidad y accesibilidad de servicios de salud y educación.
- Garantizar los derechos de las personas con discapacidad mediante el fortalecimiento de políticas educativas inclusivas, la promoción de su participación en ámbitos culturales, deportivos y recreativos, el fortalecimiento de su autonomía y participación en la toma de decisiones, y el impulso a la mejora de la legislación nacional.
- Proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+ mediante el aumento del acceso a atención en salud mental y el desarrollo de campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género.
PROYECTOS
SISTEMA DE PRIORIZACIÓN Y GESTIÓN DE CASOS:
Implementar un sistema de priorización y gestión de casos basado en la urgencia y complejidad en los próximos 2 años, reduciendo la mora judicial en los tribunales de primera instancia, mediante la asignación eficiente de recursos humanos y tecnológicos. Capacitar a funcionarios judiciales en técnicas de gestión de casos y administración del expediente electrónico para mejorar el seguimiento y la resolución oportuna.
OFICINAS JUDICIALES MÓVILES:
Establecer 20 nuevas oficinas judiciales móviles en zonas rurales y comunidades marginadas en los próximos 4 años para garantizar acceso equitativo a la justicia.
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO:
Establecer al menos 20 centros de atención integral en diferentes regiones del país en los próximos 2 años, para ofrecer apoyo multidisciplinario (psicológico, legal, médico) a las víctimas de violencia de género, con el objetivo de que al menos 5.000 mujeres reciban atención integral anualmente.
DESPACHOS ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO:
Implementar despachos de atención especializada en violencia de género en el sistema judicial en las 7 provincias del país en los próximos 4 años.
SISTEMA DE MONITOREO DE ÓRDENES DE RESTRICCIÓN:
Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y seguimiento de órdenes de restricción en tiempo real en al menos 5 zonas urbanas y rurales donde se tengan identificadas la mayor recepción de denuncias.
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA NIÑEZ:
Desarrollar e implementar 5 programas de protección enfocados en la integridad física y moral de las niñas y niños en colaboración con instituciones públicas y privadas, beneficiando al menos 10.000 niños menores antes de diciembre 2028.
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES:
Establecer al menos 50 nuevos centros de atención integral para personas adultas mayores en áreas rurales y urbanas de Costa Rica al 2030, asegurando que la población adulta mayor en estas áreas tenga atención física, emocional y social adecuada.
PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO Y EMPLEO PARA ADULTOS MAYORES:
Diseñar e implementar 10 programas de voluntariado y empleo para personas adultas mayores en los próximos 3 años, que ofrezcan la oportunidad de generar ingresos o participar activamente en proyectos comunitarios en todo el país.
PROGRAMA NACIONAL DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DERECHOS DE ADULTOS MAYORES:
Desarrollar e implementar un programa nacional de sensibilización y formación sobre derechos humanos y dignificación de las personas adultas mayores en al menos 200 centros educativos públicos y privados en los primeros 2 años de la administración.
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD GERIÁTRICA:
Ampliar la cobertura de servicios de salud geriátrica en 15 hospitales públicos y clínicas nacionales al 2030, reduciendo las listas de espera para atención especializada y aumentando la disponibilidad de consultas para adultos mayores.
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN LABORAL Y REINSERCIÓN:
Crear y financiar 5 programas específicos para la capacitación laboral y la reinserción de personas adultas mayores en el mercado de trabajo.
INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS:
Diseñar y fortalecer programas que busquen la instalación de infraestructura de conectividad en al menos 5 comunidades indígenas en los primeros 2 años.
POLÍTICA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA PUEBLOS INDÍGENAS:
Aprobar una política nacional de derechos humanos para pueblos indígenas que garantice la protección legal de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO PARA COMUNIDADES INDÍGENAS:
Crear proyectos de emprendimiento en áreas como ecoturismo, producción artesanal y agricultura sostenible que generen empleo y bienestar para las comunidades indígenas, fomentando la autonomía económica sin que ello implique la pérdida de su cultura y tradiciones.
SISTEMA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE DERECHOS HUMANOS PARA MIGRANTES:
Implementar un sistema de monitoreo y acompañamiento de derechos humanos para migrantes y refugiados en los principales cantones de llegada del país, con el fin de reducir los casos de explotación y maltrato laboral.
PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL PARA MIGRANTES:
Crear programas de inserción laboral para personas migrantes, promoviendo su inclusión en el mercado laboral formal y ofreciendo capacitación en habilidades clave.
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MIGRANTES:
Implementar al menos 5 centros de atención integral para migrantes en zonas con alta concentración de ingreso de personas migrantes, garantizando que cuenten con acceso a atención médica y educación.
Programas educativos inclusivos:
Implementar programas educativos inclusivos en al menos 100 escuelas en todo el país, asegurando que los estudiantes con discapacidad reciban apoyo académico personalizado, acceso a materiales adaptados y formación de docentes en estrategias pedagógicas inclusivas.
Programas deportivos y culturales:
Crear 15 programas deportivos y culturales en diferentes regiones del país, con el objetivo de que personas con discapacidad participen en actividades recreativas, culturales y deportivas anualmente, fomentando su integración social y bienestar.
Revisión y actualización de legislación sobre discapacidad:
Realizar una revisión y actualización de las leyes existentes relacionadas con la discapacidad en el país, garantizando que todas las normativas sean conformes con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y asegurando la plena implementación de los derechos sociales y laborales.
Centros de atención psicosocial:
Establecer centros de atención psicosocial en distintas regiones del país, brindando atención gratuita y especializada a personas de la comunidad LGBTIQ+.
Campaña nacional de sensibilización:
Implementar una campaña nacional de sensibilización en medios digitales y tradicionales, en aras de reducir los índices de violencia contra las personas de la comunidad LGBTIQ+.