Transformación Económica

Emparejar la cancha

ANTECEDENTES

Costa Rica cuenta con un modelo económico exitoso, pero no para todos. Mientras algunos sectores muestran dinamismo, persisten brechas estructurales y obstáculos regulatorios que limitan el potencial de varias actividades productivas. De acuerdo con la OCDE, extender las condiciones favorables para la productividad a todos los sectores representa una de las mayores oportunidades para un desarrollo económico inclusivo.

Se debe generar más y mejores empleos para todos los costarricenses, enfrentando los principales obstáculos que frenan la creación de empleo formal y de calidad –entre ellos, una informalidad por encima del 40% y trámites excesivos– y creando condiciones para que producir, invertir y generar empleo sea viable y atractivo en todo el territorio.

La transformación propuesta se articula en seis ejes orientados a la generación de empleo: reducción de costos de contratación, fortalecimiento del clima de inversión y competencia, infraestructura y logística de clase mundial, talento humano y bilingüismo, financiamiento y digitalización productiva, y un ecosistema para el emprendimiento y la innovación. La visión es una Costa Rica donde los productores –sin importar su tamaño o ubicación– accedan a condiciones que favorezcan la productividad, la innovación y la competitividad.

En el mercado laboral, persisten brechas en calidad del empleo, informalidad y acceso para poblaciones vulnerables; la participación laboral femenina (49,6%) se mantiene muy por debajo de la masculina (74,6%) y persisten desigualdades territoriales.

En el frente fiscal, la reforma de 2018 permitió varios años de superávit primario. Sin embargo, recientemente el crecimiento del gasto total se ha acelerado y el superávit se ha deteriorado, sin prioridades claras de asignación, mientras el pago de intereses sigue absorbiendo una proporción significativa de los ingresos (4,8% del PIB en 2024).

En síntesis, “emparejar la cancha” no significa extender exoneraciones, sino igualar oportunidades mediante reglas claras, competencia efectiva, instituciones ágiles y políticas públicas que premien la productividad y reduzcan costos, con énfasis en la reactivación de sectores estratégicos –como el agroalimentario y el turismo– y en la dinamización de las economías en las regiones.

OBJETIVO GENERAL

Emparejar la cancha para todos los sectores de la economía, bajando costos y eliminando trabas, para vivir en una Costa Rica más próspera y menos cara para todos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  1. Promover una disminución en los impuestos y las trabas burocráticas para aliviar la presión sobre el sector productivo.
  2. Optimizar el gasto público mediante la eliminación de duplicidades institucionales, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
  3. Fortalecer la infraestructura para mejorar la competitividad del sector empresarial, creando las bases físicas necesarias para el desarrollo productivo.
  4. Crear condiciones de prosperidad para todos los productores –independientemente del régimen– ofreciendo un entorno empresarial competitivo y favorable para cualquier persona o empresa que desee producir, invertir y crecer en Costa Rica.
  5. Garantizar que todas las empresas, independientemente de su tamaño o ubicación, tengan acceso a las condiciones que favorecen la productividad, innovación y competitividad.
  6. Generar más y mejores empleos para todos los costarricenses, aumentando lasoportunidades laborales con condiciones dignas y bien remuneradas.
  7. Generar mayor inversión y oportunidades de movilidad social para todos los costarricenses, creando un círculo virtuoso de crecimiento económico inclusivo.
  8. Reactivar sectores como la agricultura, el turismo y otras actividades estratégicas en zonas rurales, diversificando la base productiva nacional y promoviendo el desarrollo territorial equilibrado.
  9. Consolidar a Costa Rica como un hub exportador competitivo, inclusivo y sostenible, fortaleciendo el comercio internacional, atrayendo inversión estratégica y transformando estructuralmente el entorno productivo.
  10. Fomentar la certificación de habilidades y competencias técnicas alineadas a necesidades del sector productivo nacional, impulsando la empleabilidad y el crecimiento de las personas en todo el territorio.
  11. Promover el desarrollo del emprendimiento como motor para la diversificación, modernización y reactivación económica, garantizando condiciones y apoyos a cada etapa.

PROYECTOS

ELIMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS SALARIOS:

Acoger la recomendación de la OCDE de eliminar los cargos
aplicados a las planillas patronales que no financian directamente la seguridad social. De la carga patronal actual (26,67%), se eliminará el 7,25% que corresponde a recaudación para otras instituciones del Estado (INA, IMAS, FODESAF, Banco Popular), las cuales pasarán a financiarse al presupuesto nacional a través de la recaudación tributaria ordinaria. Esta medida busca promover la creación de empleo y reducir el costo de la formalización laboral, y garantizar que una cantidad mayor de trabajadores accedan plenamente al sistema de seguridad social y puedan cotizar formalmente para el retiro. Con ello, se avanza en nivelar la cancha al aligerar cargas que hoy desincentivan la formalidad y afectan, en especial, a pequeñas y medianas empresas.

Esta eliminación se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente esquema:

  • El 0,25% que corresponde al Banco Popular no se sustituye ante los niveles satisfactorios de capitalización del Banco.
  • La eliminación de los impuestos al salario –que representa poco más de un 1% del PIB–tendría efectos positivos en el crecimiento económico y la creación de empleo, impactando positivamentela recaudación tributaria. Estos efectos dinámicos disminuyen el impacto fiscal de trasladar el financiamiento de los programas del INA, IMAS y FODESAF al presupuesto nacional, llevándolo hasta un 0,75% del PIB.
  • Se impulsará una tasa diferenciada en el impuesto a la
  • propiedad para no residentes, dirigido a segundas casas y
  • bienes de alto valor en zonas de alta demanda, especialmente
  • cantones turísticos y costeros. Se creará un Recargo a la
  • Propiedad de No Residentes del 0,5% anual sobre el valor fiscal, que podrá subir hasta 1,0% para inmuebles de mayor valor y en territorios turísticos. Quedan fuera la vivienda principal, los inmuebles con actividad productiva (comercio, industria, agro) y las viviendas alquiladas en contratos formales de largo plazo, a las que se reconocerá el recargo como crédito mientras dure el arrendamiento.
  • Se planteará la aplicación de un impuesto de retención en la fuente del 5% sobre la renta de los prestadores de servicios digitales no domiciliados.
  • Estas medidas se complementarán con esfuerzos en la
  • Simplificación Fiscal, Revisión Tributaria y Gestión de Cobro. De acuerdo con estudios de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Tributación Directa está recuperando poco menos del 20% de la cartera morosa gestionada en cobro administrativo, donde se propone realizar inversiones en tecnología y eficiencia para elevar el porcentaje de recaudación.
  • También seremos exhaustivos en la búsqueda de duplicidades, subejecución del presupuesto y efectividad del gasto de las instituciones, como parte de un programa mayor de revisión y búsqueda de eficiencia del aparato estatal.

Reducción del Impuesto sobre la Renta Corporativa:

Se establecerá una ruta gradual para reducir el impuesto de renta corporativo al 25%, con el objetivo de acercarnos al promedio latinoamericano (22%) y de los países de la OCDE (21%), condicionado y sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Según datos del año 2024, con una tasa máxima del 30%, Costa Rica se ubica en los niveles más altos a nivel mundial de impuesto de renta corporativo. La corrección gradual de esta brecha también contribuye a nivelar la cancha, acercando las condiciones de los productores nacionales a los estándares internacionales.

SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS:

Se consolidarán y expandirán las reformas iniciadas a la Base Mínima Contributiva y la Base Ajustada al Salario, garantizando que todo trabajador pueda cotizar según sus ingresos reales, reconociendo los desafíos de la economía moderna. Se apoyará un marco regulatorio específico para la economía colaborativa que equilibre la flexibilidad laboral con la protección social, asegurando que conductores, repartidores y trabajadores de plataformas digitales accedan a cobertura de salud y construyan su derecho a una pensión digna. Se implementarán mecanismos diferenciados para sectores estratégicos como la agricultura y el turismo, considerando sus ciclos productivos y estacionalidad. Se simplificarán radicalmente los trámites de formalización ante la CCSS mediante la digitalización completa, se reducirán las cargas administrativas que pesan sobre microempresas y emprendimientos y se promoverá un sistema de cuotas proporcionales más flexible que permita a los trabajadores independientes tener un seguro de salud y acumular pensión.

RECOMPOSICIÓN DEL GASTO PÚBLICO:

Se redireccionará el gasto público dentro del marco de la regla fiscal, priorizando seguridad ciudadana, sistema de cuido y educación, para responder con mayor pertinencia a las necesidades actuales de la sociedad. Estas acciones permitirán liberar recursos dentro del mismo marco fiscal, sin necesidad de aumentar impuestos, pero elevando significativamente el retorno social y económico del gasto público. Se trata de realinear el presupuesto para que los recursos lleguen donde más impactan, fortaleciendo la confianza y la eficiencia del Estado.

TIPO DE CAMBIO:

Iniciar un diálogo con el Banco Central para asegurar que la política monetaria cumpla las metas de inflación y que el mercado cambiario refleje efectivamente la oferta y demanda de divisas en el país. El financiamiento externo del Gobierno Central y las instituciones públicas debe guardar un equilibrio entre las necesidades de financiamiento óptimo y el impacto que pueda tener este financiamiento en el mercado cambiario. El tipo de cambio no debe ser un instrumento para subsidiar o penalizar actividades de producción o consumo.

MODERNIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN FISCAL:

Se fortalecerán los sistemas de control tributario mediante mejoras tecnológicas en la factura digital, cruces de información, uso de inteligencia artificial y plataformas de reporte electrónico, buscando aumentar la recaudación sin subir impuestos. Esta modernización reduce la evasión, simplifica el cumplimiento y mejora la transparencia, factores indispensables para una competencia leal y para nivelar la cancha entre quienes cumplen y quienes no.

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS DEL ESTADO:

Se impulsará la venta o concesión de activos públicos no estratégicos, con el fin de generar ingresos de capital, reducir cargas administrativas y reasignar recursos a áreas prioritarias como seguridad, pensiones y servicios básicos. Esta decisión ordenada y transparente permitirá financiar inversiones claves, cerrar brechas y mejorar la calidad de los servicios, en beneficio directo de la productividad nacional.

ESTABILIDAD Y CERTEZA JURÍDICA:

Se mantendrá la estabilidad jurídica y el cumplimiento de los compromisos internacionales para todas las inversiones ya establecidas, como base para la confianza y la atracción de nuevas inversiones.

LUCHA CONTRA LA TRAMITOLOGÍA:

Se firmará un decreto que establezca una moratoria durante el período 2026-2030 a la creación de cualquier nueva regulación que le genere nuevos costos al sector productivo. Se impulsará desde Casa Presidencial la implementación de una guillotina regulatoria efectiva en todo el Gobierno Central para eliminar y simplificar la mayor cantidad de regulaciones que impacten la facilidad de hacer negocios en Costa Rica. Se impulsará un proyecto de Ordenanzas Municipales para establecer un marco regulatorio unificado de patentes a nivel municipal.

EMPAREJAR LA CANCHA ENTRE SECTORES:

Se extenderán a todos los productores nacionales los elementos que han probado ser exitosos en el régimen de zona franca: agilidad institucional, acompañamiento integral, acceso a infraestructura moderna y desarrollo de talento humano calificado.

Para ello, implementaremos los siguientes proyectos:

  • Se ampliará la Ventanilla Única de Inversión (VUI) para convertirla, bajo la conducción de PROCOMER, en un sistema unificado para todas las instituciones públicas, incluyendo municipalidades, asegurando trámites 100% digitalizados, trazabilidad de expedientes y gestor empresarial asignado para empresas de todos los tamaños y regímenes.
  • Se ejecutará el Plan Nacional de Logística y Movilidad – conforme a la sección de Transporte e Infraestructura– priorizando alianzas público-privadas y, especialmente, la concesión de obra pública. Para ello se impulsará una transformación integral del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en la Agencia Nacional de Infraestructura que profesionalice la estructuración de proyectos, reduzca plazos y garantice ejecución efectiva.
  • Fortaleceremos el talento humano, el bilingüismo y la capacitación mediante el aumento de la matrícula en carreras técnicas, con énfasis en mujeres y regiones rezagadas. Para ello negociaremos con las universidades públicas y procuraremos que los fondos del FEES se condicionen a metas de matrícula, permanencia y graduación en áreas prioritarias, acompañados de becas–crédito de CONAPE y pasantías cofinanciadas con empresas.
  • Utilizando fondos del INA se creará un Programa Nacional de Certificaciones y Capacitación Laboral con credenciales digitales, vinculado a cadenas de valor, con incentivos a certificadoras y deducciones para empleadores que formen talento.

ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN:

Se dará un salto cualitativo en la creación de empresas mediante la consolidación de un Ecosistema Nacional de Emprendimiento e Innovación, coordinado tripartitamente por la Promotora de Innovación, PROCOMER y el INA; el SBD actuará como canalizador financiero, en alianza con bancos, fondos de inversión, universidades, cámaras y el sector privado. La arquitectura del ecosistema integra reglas claras, capital y capacidades: la declaratoria de interés nacional del emprendimiento; el Fondo Impulso Global (FIG), un fondo público-privado con coinversión del SBD, PROCOMER e INA y participación prudencial de las operadoras de pensiones complementarias, bajo supervisión de CONASSIF, SUGEVAL y SUPEN; la Red Nacional de Hubs de Innovación (incubación, prototipado y formación); la plataforma KGlobal de PROCOMER, ampliada para conectar startups con inversionistas multisectoriales; la Red de Mentoría Digital del INA, enfocada en emprendimiento tecnológico y escalamiento; la formación para emprender “de la escuela a la empresa”; y esquemas de innovación abierta que vinculan grandes compañías con startups en agroindustria, economía circular, energía verde y tecnologías médicas.

REFORMAS HABILITANTES:

Un reglamento de inversiones que permita la participación responsable de las operadoras de pensiones complementarias en capital emprendedor; un “one stop shop” de emprendimientos del SBD para capital semilla y coinversión; la Ley de Promoción del Emprendimiento e Innovación; y ajustes tributarios escalonados para etapas tempranas con formalización progresiva. La red operará en las siete regiones de planificación, articulando la demanda tecnológica empresarial con la oferta de talento y financiamiento, y abriendo puertas a mercados locales e internacionales.

AGENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y CONSEJO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN:

Reconociendo su trayectoria como promotora de exportaciones e inversión y su probada capacidad de ejecución, PROCOMER se fortalecerá y ampliará su rol estratégico, transformándose gradualmente en una Agencia Nacional de Desarrollo Productivo, con cinco pilares:

  • Articulación del ecosistema productivo.
  • Desarrollo territorial de clústeres.
  • Sofisticación y financiamiento empresarial.
  • Inteligencia estratégica para el descubrimiento de nuevas actividades productivas.
  • Secretaría técnica del Consejo de Competitividad e Innovación.

Se establecerá el Consejo de Competitividad e Innovación a nivel del Consejo de Gobierno para emparejar la cancha mediante la eliminación de cuellos de botella, el impulso de reformas de desregulación y el aseguramiento de la rendición de cuentas institucional. PROCOMER fungirá como su secretaría técnica. Esta transformación aprovechará capacidades ya instaladas: promoción de exportaciones, atracción de inversiones, inteligencia de mercados, gestión de encadenamientos y apoyo a empresas con potencial exportador. Las medidas se acompañarán de un fortalecimiento presupuestario y técnico y de mayor coordinación interinstitucional con COMEX, MEIC, INA, el SBD y entidades financieras, a fin de implementarlas de manera efectiva.