ANTECEDENTES
El debate sobre las funciones de la CGR sugiere una necesaria reestructuración de sus funciones que equilibren el balance entre controles previos y posteriores. Creemos que la preponderancia de controles ex ante y la función cuasi judicial en contratación y responsabilidades de funcionarios, entorpecen la ejecución, hacen más caros los proyectos y limitan las capacidades de los gobiernos para hacer obra pública. La misma CGR se ha planteado este dilema y es necesario avanzar en su solución
Nuestra propuesta es reequilibrar el sistema hacia un control posterior fuerte, con claras responsabilidades de las instituciones ejecutoras. Para ello, proponemos un diálogo con la Asamblea Legislativa, la CGR y las demás partes interesadas, entre ellas el sector privado, para la reconfiguración de la CGR sin pretender destruir la institucionalidad y la división de poderes. Reconocemos el papel crucial de la CGR en su condición de órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa.
OBJETIVO GENERAL
Reequilibrar las funciones de la CGR para ganar eficiencia reduciendo el énfasis en controles ex ante, fortalecer el control posterior y separar la fiscalización de la solución de controversias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Reducir el control previo a supuestos de alto riesgo mediante herramientas modernas de predicción.
- Fortalecer el control interno y la auditoría expost.
- Acotar las facultades cuasi judiciales de la CGR para asegurar certeza jurídica y no limitar la iniciativa de los funcionarios del Estado en la planeación y ejecución de proyectos.
- Promover la transparencia en el quehacer de todas las instituciones públicas con base en reglas claras.
PROYECTOS
MODIFICACIÓN DEL CONTROL PREVIO EXTERNO:
Vamos a ejecutar acciones para lograr una CGR que continue ejerciendo sus controles pero que al mismo tiempo promuevan la eficiencia del Estado. Presentaremos un proyecto de ley que modifique la ejecución del control previo externo y el refrendo contralor, delimitándolos a supuestos de alto riesgo, tomando en cuenta variables como monto, complejidad y fuente de financiamiento. La ley deberá establecer los límites a las facultades cuasi judiciales de la CGR, sobre todo en lo que corresponde a procesos contra funcionarios estatales y la anotación de sus bienes.
CERTIFICACIÓN DE UNIDADES CONFIABLES:
Plantearemos la certificación de unidades ejecutoras confiables que hayan demostrado excelente desempeño en proyectos anteriores, para que puedan operar con controles simples preliminares y auditorías posteriores más profundas.
RESOLUCIÓN DE APELACIONES:
Debemos aplicar un mecanismo para la resolución de apelaciones y controversias de contratación por medio de un órgano independiente, digitalizado dentro de la estructura del SICOP, con mecanismos de arbitraje expeditos y judicialización en última instancia.
CONTROL POSTERIOR:
Reforzaremos los controles posteriores utilizando tecnologías forenses asistidas por IA, planes de
mejora con plazos y responsables, y un tablero público de indicadores (tiempos de respuesta, porcentaje con silencio positivo, cumplimiento de hallazgos y sobrecostos evitados).
MESA TRIPARTITA:
Finalmente, plantearemos estas reformas en una mesa técnica tripartita entre la Asamblea Legislativa, la CGR y el Poder Ejecutivo, con presencia del sector privado y audiencias con municipalidades, cámaras, colegios profesionales, academia y sociedad civil. Este diálogo debe producir un inventario de medidas por ejecutar y proyectos de infraestructura a impulsar que sean prioritarios para el país.