ANTECEDENTES
Los costarricenses ya no pueden vivir en paz y tranquilidad en sus hogares, sus barrios o lugares de recreación, porque la violencia criminal se ha apoderado de nuestras comunidades y calles. Este fenómeno está estrechamente vinculado al auge del crimen organizado, que es alimentado por la presencia de cárteles internacionales.
Tristemente, nos hemos convertido en el segundo país más violento de Centroamérica, porque cada 10 horas se comete un asesinato, según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Uno de cada tres homicidios se comete en solo tres cantones (San José, Limón y Puntarenas), pero la oleada de violencia criminal se ha extendido por todo el territorio nacional, afectando a comunidades otrora tranquilas.
La actuación del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ha sido deplorable y, de hecho, ha contribuido al problema, con decisiones inaceptables que han debilitado la lucha contra el tráfico internacional de drogas. Por ejemplo, cerraron el puesto del Servicio de Guardacostas en Bahía Drake, desmantelaron en la práctica a la Academia Nacional de Guardacostas, retiraron la Policía de Control de Drogas de aeropuertos y fronteras y tienen a cargo de las decisiones a un viceministro investigado penalmente por el delito de procuración de impunidad de sospechosos de narcotráfico internacional. La administración Hidalgo Bogantes revertirá estas decisiones lamentables.
Los datos hablan por sí solos: antes de la actual administración, la tasa de homicidios estaba en 12 por cada 100.000 habitantes, que ya era elevado. El deterioro es notorio: en el año 2023 se dio el récord histórico de homicidios con 907 para una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes; en 2024 fueron 880 (para una tasa de 16,6) y en el 2025 las cifras de asesinatos al corte del 10 de octubre superaban las acumuladas a esa misma fecha del año previo. Se han dado más de 230 asesinatos adicionales por año y la tasa por cada 100.000 habitantes se elevó en una cuarta parte.
El fortalecimiento de la seguridad requiere apoyar a todas las fuerzas policiales del país, incluyendo la Policía Judicial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Lejos de buscar enfrentamientos innecesarios entre las policías y los poderes de la República, nuestra administración dotará a cada institución de los recursos, equipamiento y respaldo necesarios para que cumplan eficazmente sus funciones. La cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en materia de seguridad es indispensable para combatir efectivamente el crimen organizado, y por ello trabajaremos de manera coordinada y respetuosa con todas las instancias, fortaleciendo capacidades sin generar divisiones que solo benefician a los delincuentes.
La lucha contra el crimen organizado no puede ser responsabilidad exclusiva de las fuerzas policiales. Se requiere un enfoque integral que articule múltiples actores públicos y privados: el MEP detectando deserción y reclutamiento de menores por bandas; el sistema financiero identificando patrones irregulares para el lavado de dinero; las empresas de servicios públicos señalando consumos sospechosos; y las municipalidades generando inteligencia en los territorios. La articulación interinstitucional, ausente en la administración actual, debe convertirse en pilar fundamental de la estrategia de seguridad nacional. Este grave deterioro de la seguridad ciudadana no puede continuar, porque estamos en riesgo de perder el país frente a las mafias. Y no se puede modificar con medidas tímidas. Se requiere un cambio radical para contenerlo y revertirlo.
OBJETIVO GENERAL
Convertir la seguridad ciudadana en una auténtica prioridad nacional, lo cual implica hacer un esfuerzo extraordinario y sostenido en la asignación de recursos, asegurar una visión integral de la seguridad que trabaje tanto en la prevención del delito como en su represión efectiva para que no haya impunidad y brindar respuestas de alto impacto trabajando con los otros poderes de la República, los gobiernos locales y el sector privado, así como mediante fuertes alianzas a nivel internacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Asignar recursos extraordinarios para responder a la crisis de seguridad, mediante la flexibilización de la regla fiscal para prioridades estratégicas y la creación de fondos especializados para equipamiento, tecnología y capacitación policial.
- Combatir integralmente al crimen organizado, mediante el fortalecimiento de la inteligencia criminal, la cooperación internacional efectiva y la creación de capacidades institucionales especializadas.
- Fortalecer y modernizar los cuerpos policiades mediante el incremento sustancial de efectivos, la profesionalización de la formación, la mejora del equipamento y el desarrollo de sistemas anticorrupción efectivos.
- Acelerar los juicios penales y combatir la impunidad mediante reformas legales y penitenciarias que garanticen el verdadero cumplimiento de las penas.
- Intensificar el control territorial de la criminalidad mediante operativos policiales coordinados, inteligencia policial integrada y alianzas estratégicas entre las diferentes fuerzas de seguridad.
- Desarrollar una estratégia integral de prevención del delito que genere oportunidades para la niñez y juventud vulnerable, fortalezca la seguridad comunitaria y promueva una cultura de paz.
PROYECTOS
FLEXIBILIZACIÓN DE LA REGLA FISCAL PARA RECURSOS DE SEGURIDAD CIUDADANA:
El Ministerio de Seguridad Pública requiere y tendrá niveles extraordinarios de recursos durante toda la gestión para atender con éxito la crisis nacional de seguridad, pero para hacer esta inversión es necesario modificar la absurda interpretación que se ha dado a la regla fiscal hasta el momento. Nuestro compromiso con la regla fiscal es absoluto en cuanto a sus límites globales, pero debe permitir que se asignen más recursos a prioridades como la seguridad ciudadana, que se compensarán con ahorros en ámbitos menos prioritarios. Este proyecto se articula con la estrategia de Recomposición del Gasto Público descrita en la sección de Transformación Económica, que busca redirigir recursos hacia prioridades nacionales como seguridad ciudadana, sistema de cuido y educación.
FONDO DE SEGURIDAD NACIONAL:
Crearemos el Fondo de Seguridad Nacional para equipar apropiadamente a las autoridades policiales. Se creará un fondo cuyos recursos provendrán de la venta de activos estatales como el Banco de Costa Rica y del traslado de la subejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad Pública y otras instituciones del sector público. Los recursos y rendimientos del fondo se destinarán exclusivamente a fortalecer la seguridad nacional mediante inversión en tecnología de vigilancia y comunicaciones, centros de comando, equipamiento policial (armamento, transporte, blindajes para zonas de alta peligrosidad, protección personal), infraestructura y capacitación constante y especializada de los cuerpos policiales. Este fondo financiará el gasto de capital de la Fuerza Pública, Servicio de Vigilancia Aérea y Servicio de Guardacostas.
LEGALIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL CANNABIS PARA USO RECREATIVO:
Impulsaremos una actualización del marco legal del cannabis medicinal para que incluya también el uso recreativo, ya que el consumo personal de cannabis hoy es legal en el país y la prohibición de su comercialización solo ha tenido el efecto de generarle enormes ganancias al crimen organizado. Se establecería un impuesto especial sobre la siembra y comercialización de cannabis para uso recreativo cuyos recursos se destinarían a fortalecer el Fondo de Seguridad Nacional.
UNIDAD DE INVERSIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA:
Para hacer más eficiente y estratégica la inversión en gasto de capital dentro del Ministerio de Seguridad Pública, crearemos una Unidad de Inversión Estratégica y Operativa, emulando el ejemplo exitoso del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Mejoraremos sostenidamente la infraestructura y el equipamiento policial a nivel nacional, fortaleciendo los procesos de control y ejecución presupuestaria, e impulsando un fuerte desarrollo tecnológico (seguridad electrónica, sistemas de información, video vigilancia, control aéreo y vigilancia con drones).
REFORMAS A LA DIS:
Reformaremos la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) para convertirla en una unidad de inteligencia estratégica civil, no policial, enfocada en anticipar y mitigar riesgos a la soberanía, la estabilidad institucional y la seguridad económica y tecnológica del país, incluyendo injerencias de actores extranjeros. La DIS operará con una cadena de mando clara bajo el Poder Ejecutivo y con controles democráticos, que incluyan un plan anual remitido a una comisión legislativa especial, auditorías efectivas de la Contraloría General de la República y protocolos estrictos de protección de datos, con prohibición de vigilancia masiva y de tareas operativas sin orden judicial.
AGENCIA DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Se fortalecerá y transformará la estructura del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en una Agencia de Inteligencia contra el Crimen Organizado, dotándole con potestades de investigación, inteligencia financiera y una plataforma de investigación policial integrada, asegurando que mantenga la independencia operativa y la coordinación entre poderes y entidades con la que ha actuado hasta el momento. Esta agencia se coordinará con la DIS, el OIJ, el Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad (24/7) y el Centro de Inteligencia Cibernética, descritos en la sección de Ciberseguridad, para el intercambio de información sobre amenazas digitales relacionadas con el crimen organizado.
ESTRANGULAMIENTO DE LA CADENA LOGÍSTICA DEL CRIMEN ORGANIZADO:
Negociaremos un acuerdo de cooperación con la Unión Europea para que destaque un contingente policial en Moín con el objetivo de controlar que nuestras exportaciones a Europa no vayan contaminadas con drogas. Ya hemos iniciado conversaciones en este sentido con líderes del Partido Popular Europeo, el de mayor peso en el Parlamento Europeo. Esta solución permitirá cortar las rutas de abastecimiento del crimen organizado a la vez que protege a nuestro sector productivo de la infiltración del narcotráfico internacional y de los perjuicios que esto causa a los exportadores. Además de la vigilancia portuaria específica, la cooperación con la Unión Europea podría incluir transferencia de tecnología, formación policial, donaciones o asistencia técnica para el combate al crimen organizado, ciberseguridad, y modernización de procesos. Este proyecto se articula con la estrategia de Política Exterior que busca profundizar relaciones con la Unión Europea y sus estados miembros en temas de democracia, combate al crimen organizado y protección de bienes públicos globales, así como con los objetivos de Comercio Exterior e Inversión para proteger la plataforma exportadora nacional.
AUMENTAR LA FUERZA PÚBLICA:
Aumentaremos en 6.500 la cantidad de policías activos con el fin de mejorar la presencia territorial y la capacidad de respuesta frente a delitos comunes y complejos. Esta ampliación del recurso humano fortalecería las labores de patrullaje, prevención, inteligencia y atención de emergencias. El incremento de efectivos policiales se daría durante el periodo de gobierno, de manera que se realizaría de forma estructurada y estratégica en paralelo al incremento presupuestario señalado en el primer punto de este capítulo.
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO POLICIAL:
Fortaleceremos la Unidad de Reclutamiento y Selección incorporándola a la Academia Nacional de Policía para contar con el mejor perfil posible en nuestros cuerpos policiales. Nuestro objetivo es que los oficiales tengan los conocimientos, técnicas táctico/operativos y habilidades indispensables para el ejercicio de sus funciones. Además, se brindará capacitación especializada y avanzada, en ámbitos tales como recuperación de espacios públicos, resguardo turístico, patrullaje en zonas de alto riesgo, zonas de distribución y consumo de drogas, entre otros, así como un plan de refrescamiento periódico para mandos medios y altos.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y SISTEMA ANTICORRUPCIÓN:
Fortaleceremos la supervisión policial y el Departamento de Inspección Policial, así como modernizaremos la normativa de sistemas de control periódico, como el antidopaje, para mejorar los actuales mecanismos de anticorrupción policial.
REFORMAS LEGALES:
Impulsaremos reformas al Código Procesal Penal a fin de establecer el cumplimiento efectivo de sanciones penales por delitos graves y delincuencia organizada, restringiendo beneficios como libertades anticipadas. Modificaremos el delito de asociación ilícita para incluir como agravantes el homicidio calificado en modalidad de sicariato, contrabando, narco, extorsión, extorsión cobratoria, terrorismo, secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación, producción o difusión de pornografía infantil, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de órganos. Reformaremos la Ley de Intervención de Comunicaciones para incluir la asociación ilícita en su modalidad agravada. Esto permitiría al OIJ, con base en información de inteligencia y previa autorización del Ministerio Público, contar con herramientas para investigar y eventualmente impedir la ejecución de delitos graves, como los indicados. Introduciremos el trato no atenuado e incremento de las sanciones penales para los cabecillas de bandas que instrumentalizan a menores de edad para delinquir, aplicando una responsabilidad penal proporcional. Reformaremos la Ley de Justicia Penal Juvenil para que exista un tratamiento diferenciado en los jóvenes entre los 15 y los 17 años de edad que cometan delitos. Actualmente se ven beneficiados por el trato especial que reciben los menores de edad a partir de los 12 años de edad, por lo que debe segmentarse entre quienes tienen 12 y menos de 15 años y aplicar consecuencias mayores a quienes tienen entre 15 y menos de 18 años. Plantearemos una Ley de Ejecución Penal para regular mejor cómo se cumplen las sentencias penales, lo cual es hoy una de las grandes debilidades de nuestro sistema, que limita su eficacia y su contribución real a la reinserción social de las personas condenadas.
REFORMA PENITENCIARIA:
Una de las medidas urgentes para enfrentar el fortalecimiento de las estructuras criminales en Costa Rica es tener centros penitenciarios exclusivos para personas privadas de libertad vinculadas al crimen organizado en todas sus manifestaciones, tales como explotación de menores, narcotráfico, trata de personas, contrabando de cualquier tipo, bandas roba carros, robos y reventa de mercancías, entre otras. Esto responde a la necesidad de aislar operativamente a los líderes y miembros activos de organizaciones criminales, quienes actualmente, desde el régimen penitenciario común, continúan ejerciendo control y dirección de actividades ilícitas, incluso dentro y fuera del sistema penitenciario. Poner en práctica un régimen diferenciado, con infraestructura, personal y protocolos especialmente diseñados, permitiría: separar a estos internos del resto de la población penal, evitando su influencia o reclutamiento sobre personas condenadas por delitos comunes; reducir los riesgos de corrupción interna, mediante mayores controles, monitoreo tecnológico, y estrictas medidas de seguridad; limitar la comunicación con el exterior, mediante inspecciones rigurosas, filtros de visitas, y uso controlado de tecnología; establecer equipos especializados en inteligencia penitenciaria, que permitan identificar nuevas amenazas y vínculos operativos desde los centros carcelarios.
Proponemos consecuentemente la especialización de policías penitenciarios en alta seguridad, con capacitación específica para gestionar internos de alta peligrosidad y aplicar protocolos internacionales. También, desarrollar una plataforma interinstitucional de información y coordinación penitenciaria y judicial. También impulsaremos el monitoreo electrónico potente (mediante alianza público-privada) para personas con medidas alternativas a la prisión, especialmente en el caso de personas condenadas por delitos no violentos, en procesos de libertad condicional, o con medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva.
Estas medidas buscan reducir la sobrepoblación carcelaria, optimizar el uso de recursos públicos y mantener un mayor control sobre las personas que cumplen penas o medidas judiciales fuera del sistema penitenciario cerrado, y se desarrollaría mediante alianzas con el sector privado para reducir costos y mejorar la eficiencia. Esta colaboración permitiría incorporar tecnologías de última generación, plataformas seguras de geolocalización, soporte técnico permanente y análisis de datos en tiempo real, con estándares de seguridad y privacidad adecuados. Este proyecto se vincula directamente con el proyecto de Construcción y Modernización de Cárceles descrito en la sección Administración de la Justicia, que contempla la construcción de nuevos módulos penitenciarios, inversión en capacitación y trabajo productivo, clasificación efectiva de internos y programas de seguimiento postpenitenciario para verdadera reinserción social.
OPERATIVOS POLICIALES TERRITORIALES:
Desplegaremos operativos policiales en sitios estratégicos para el control en carreteras de armas, tráfico de drogas, contrabando, órdenes de capturas, migrantes ilegales, vehículos robados, así como respuesta policial inmediata para enfrentar y atacar al sicariato, delitos contra la propiedad, contra la vida, orden público, violencia doméstica y seguridad turística. Estos operativos se coordinarán con los proyectos de seguridad descritos en la sección de Turismo y los esfuerzos de infraestructura vial descritos en la sección de Transporte e Infraestructura, particularmente las obras en Limón (Ruta 32, Corredor Norte), Puntarenas (Barranca-Limonal, Ruta 34) y Zona Sur (Paso Canoas-Palmar), aprovechando las mejoras en conectividad para fortalecer la presencia policial en corredores estratégicos.
CENTRO CONJUNTO DE INTELIGENCIA POLICIAL:
Crearemos un centro conjunto de inteligencia policial que genere información y facilite su intercambio entre las diferentes fuerzas del orden, así como apoyar al OIJ y el Ministerio Público en el fortalecimiento de sus estructuras, capacidades, equipo y en lo táctico-operativo, siguiendo una lógica de cooperación entre los diferentes poderes de la República y entidades que ha estado ausente en la actual Administración. Este centro se integrará con el Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad (24/7), descrito en la sección de Ciberseguridad, para intercambio de información sobre amenazas digitales y ciberdelitos. Además, utilizará la infraestructura de análisis de datos e inteligencia artificial contemplada en los proyectos de Ciencia y Tecnología para identificación de patrones criminales y anticipación de amenazas.
INTENSIFICACIÓN DE COOPERACIÓN POLICIAL Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS:
Intensificar la cooperación policial y las alianzas estratégicas de la Fuerza Pública con la policía judicial, las policías municipales, la policía fiscal y las empresas de seguridad privada, para aprovechar la capacidad instalada que tienen y potenciar el alcance y capacidad de respuesta de las autoridades. Esta cooperación se vincula con el fortalecimiento del rol de las municipalidades descrito en la sección de Reforma Institucional, que reconoce a los gobiernos locales como las organizaciones del Estado más cercanas a los ciudadanos y promueve su participación activa en temas de seguridad comunitaria.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN:
Instruiremos al Ministerio de Educación Pública para que despliegue programas de alto impacto para la prevención entre nuestra niñez y juventud, en temas como violencia intrafamiliar, manejo del “bullying” y prevención y manejo del consumo de drogas, así como elevar la capacidad de retención educativa en secundaria y fortalecer opciones flexibles para que jóvenes y adultos retomen y concluyan sus estudios, de forma que tengan más oportunidades de trabajo y superación. Este proyecto se articula con múltiples iniciativas de la sección de Educación: la Cruzada Nacional por la Lectoescritura y el Aprendizaje Básico, el programa Escuelas que Cuidan (que incorpora salud mental y bienestar estudiantil), el programa de Educación Nocturna y Flexible Renovada para segundas oportunidades y el objetivo de elevar la capacidad de retención educativa en secundaria. También se vincula con el Cambio Cultural y Prevención Social descrito en la sección de Administración de la Justicia, que contempla programas educativos orientados a la resolución pacífica de conflictos, la honestidad y la ética cívica.
CONTROL, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS:
En coordinación con los gobiernos locales y el sector privado, incluyendo de modo especial las policías municipales, ejecutaremos proyectos con apoyo estatal para invertir en el control, mejoramiento y recuperación de espacios públicos (parques, polideportivos, balnearios públicos). Esto brindará alternativas de recreación y deporte a la niñez, juventud y comunidad en general, y evitará que la delincuencia se apodere de estos espacios. Este proyecto se coordina estrechamente con el programa de Activación de Espacios Deportivos Comunitarios descrito en la sección de Deporte y Recreación, que incluye programas deportivos regulares en colaboración con comités cantonales, así como con la Red Nacional de Cultura Viva y Economía Creativa de la sección de Cultura, que dinamiza espacios culturales, talleres y proyectos comunitarios. También se articula con el Triángulo de Solidaridad 2.0 que contempla infraestructura para el bienestar local mediante mejora de espacios públicos en cantones con rezago social.
PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ:
Estimularemos la cultura de paz que ha caracterizado a nuestro país, con el fin de disminuir los niveles de conflictividad y violencia que hemos visto incrementarse en los últimos años. Es una tarea fundamental en la prevención del delito. Impulsaremos programas para la educación en valores desde la infancia que fomentan el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos, los Centros Cívicos por la Paz, que ofrecen actividades culturales, deportivas y educativas para jóvenes en zonas vulnerables, y programas de mediación comunitaria que ayudan a resolver conflictos antes de que escalen a acciones violentas. Este proyecto se articula directamente con la sección de Cultura, que contempla la transversalización de la cultura en políticas sociales para prevenir violencia y promover una cultura de paz, incluyendo acuerdos interinstitucionales efectivos y acciones culturales en barrios, costas, fronteras y territorios excluidos. También se vincula con el Cambio Cultural y Prevención Social de la sección de Reforma Institucional – Administración de la Justicia, y con los programas educativos de formación en valores y resolución pacífica de conflictos de la sección de Educación.
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA:
El Ministerio de Seguridad Pública deberá fortalecer el programa de seguridad comunitaria para estimular mayor capacidad y velocidad de respuesta hacia las inquietudes e inteligencia que le traslade la ciudadanía, para lo cual también se impulsará la coordinación con las policías municipales en los cantones que disponen de ésta, e incluso con empresas de seguridad privada que apoyen este esfuerzo, a fin de estimular y facilitar la participación comunal en el programa.
ATENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN:
Se fortalecerá la función del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) como entidad rectora en la atención de personas afectadas por el abuso de drogas, con un enfoque de reducción de daños y con programas de seguimiento permanente en el mejoramiento del paciente y para estimular su reinserción en la sociedad con fuentes de trabajo. Este proyecto se coordina con los servicios de atención primaria y salud mental descritos en la sección de Salud, particularmente con el fortalecimiento de EBAIS y el programa de Promoción de Salud, Salud Mental y Estilos de Vida que contempla intervenciones integrales en centros educativos, empresas y municipalidades enfocadas en detección temprana de problemas de salud mental y atención de adicciones desde etapas tempranas.